Así lo explicó en declaraciones a los periodistas en el marco de la Conferencia Sectorial, donde recordó que la medida "tiene un alto coste". Así, indicó que desde el 1 de agosto -como recoge el Real Decreto- durante seis meses y beneficiando a 340.000 personas el coste es de 642 millones.

En todo caso, Rojo quiso dejar claro que por el momento "no hay un acuerdo ni nada cerrado". También recordó que la iniciativa "nunca ha tenido vocación universal".

La ayuda está prevista que se convalide en el Congreso de los Diputados la próxima semana. Antes, previsiblemente, se reunirán Gobierno y sindicatos para analizar la posibilidad de ampliar la misma.

Los sindicatos abogaron en un principio porque la medidas fuera retroactiva desde el 1 de enero, aunque el Ejecutivo habló del primero de junio.

La secretaria general de Empleo salió al paso de las críticas, para defender que la medida "no es improvisada, no es un parche y no es arbitraria". Además, aseguró que "ha entrado en vigor con la máxima celeridad y diligencia".

Además, quiso dejar claro que la iniciativa no ha sido "improvisada" porque "durante un mínimo de cuatro meses se ha venido explicitando".