Desde el reconocimiento y plena legitimidad del Tribunal Constitucional, Sanz afirmó que la única actitud democrática posible es la de acatar y respetar una sentencia que delimita claramente los principios del orden territorial y constitucional español.

En su opinión, el Constitucional ha resuelto un conflicto, provocado por la ruptura del pacto autonómico PP-PSOE por parte del Partido Socialista.

Se trata, destacó, de la primera ocasión en la historia democrática española en la que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre un Estatuto de autonomía y consideró un acierto para el marco jurídico español que el Alto Tribunal "recuerde que todos los estatutos, sin excepción, deben someterse a la norma superior que es la Constitución española".

Sanz recalcó que el Tribunal Constitucional no se ha limitado a cuestionar determinados artículos del Estatuto, sino que "impone límites infranqueables a la norma estatutaria, presididos por la idea de que no hay más nación soberana que la española, única e indivisible, y deja claro que debe garantizarse el funcionamiento integrado del Estado".

Por tanto, desautorizó la lectura del Estatuto en clave exclusivamente nacionalista y aseguró que "desbarata las veleidades soberanistas catalanas".

Del mismo modo, insistió en que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP ha sido el instrumento fundamental que ha servido al Alto Tribunal para fijar esa línea constitucional que algunos políticos, con el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cabeza, han preferido ignorar.

Sanz recordó que el Gobierno de La Rioja interpuso en octubre de 2006 un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto catalán, todavía no resuelto, que impugnaba los artículos referidos a financiación, gestión del agua, principio de bilateralidad y denominaciones de origen intercomunitarias.

En materia de financiación, el Tribunal Constitucional entiende, según Sanz, tal y como sostiene La Rioja, que las decisiones en materia de financiación que afecten al conjunto de comunidades han de adoptarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y "recuerda que la autonomía financiera de las comunidades exige un nivel mínimo de recursos que haga posible el ejercicio de sus competencias en el marco del sistema financiero del Estado en su conjunto".