Según Amnistía, Nigeria es uno de los 59 países que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes, mientras que otros 138 la han abolido en su legislación o en la práctica.

Aster van Kregten, investigador de Amnistía Internacional en Nigeria, afirmó que estas decisiones del Estado de Lagos suponen "un paso adelante para los derechos humanos" porque "elimina el fantasma de la muerte sobre sus conciudadanos".

"Esperamos que los dirigentes del Estado de Lagos sigan este paso audaz declarando una moratoria de las ejecuciones y, en última instancia, la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. Ésta es la oportunidad del Estado de Lagos para dar ejemplo a Nigeria contra la pena de muerte".

El gobernador del Estado de Lagos, Babatunde Fashola, ha argumentado que la amnistía se debía a "razones humanitarias" y agregó que quería dar a los prisioneros "la esperanza de cambiar sus comportamientos y rehabilitarse en la sociedad".

Según Amnistía, la pena capital ha sido objeto de debate político en los últimos años en Nigeria, donde se llevaron a cabo más de 2.600 sentencias de muerte durante los gobiernos militares entre 1970 y 1999.

Tras concluir el régimen militar y asumir el poder un gobierno civil en 1999, el número de ejecuciones comenzó a decaer. Además, dos grupos de trabajo creados por el ex presidente Obasanjo recomendaron una moratoria en la pena de muerte.

Por último, Amnistía Internacional subrayó que al menos 40 personas fueron condenadas a muerte en Nigeria en 2008, año en el que unas 735 personas fueron sentenciadas a la pena capital, entre ellas 11 mujeres.