La vista, en la que la eléctrica estuvo representada por Cortés Abogados, se celebró en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

El pasado 25 de mayo de 2010 Iberdrola impugnó las cuentas de ACS del ejercicio 2009, aprobadas en la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada en Madrid el 15 de abril de 2010, al considerar que incluían numerosas infracciones de la normativa vigente y no muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo constructor.

En concreto, la compañía impugnó los acuerdos relativos a la aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2009, a la aplicación de los resultados y a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.

Iberdrola solicitó una medida cautelar consistente en la anotación preventiva de la propia demanda en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid.

En la vista señalada para resolver esta petición cautelar, celebrada esta mañana en Madrid, Iberdrola ha insistido en el fundamento de la medida cautelar solicitada, por distintas razones.

En primer lugar, según la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, las cuentas anuales de ACS, tanto las individuales como las consolidadas, "adolecen de numerosas infracciones de la normativa jurídico-contable enormemente significativas y trascendentes, que determinan una variación sustancial de partidas del balance y el resultado del ejercicio".

Según sus datos, el impacto de "los errores, inexactitudes y omisiones denunciados, determina, como mínimo, 405 millones de euros de pérdida en la cuenta de resultados consolidada, y 593 millones de euros de pérdida en la cuenta de resultados individual".

Las cuentas, añade Iberdrola, distorsionan de manera "muy significativa" la comprensión de los estados financieros cuantitativos y, por ende, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de ACS y su grupo.

Además, según la eléctrica han ocurrido hechos posteriores a la solicitud cautelar que demuestran y ratifican plenamente la finalidad que se persigue con la formulación y aprobación de esas "ilícitas" cuentas, así impugnadas, que "no es sino ocultar, y así paliar, la debilidad financiera de ACS".

Cita, a este respecto, la demanda presentada en Bilbao por su filial Residencial Monte Carmelo contra Iberdrola y la operación de Abertis, a través de la cual ACS "busca obtener liquidez desprendiéndose de la mayor parte de la inversión realizada en dicha compañía".

Iberdrola destaca, además, que relevantes sociedades cotizadas del Ibex 35, como son, además de importantes bancos, Criteria o FCC, sí que aplican los criterios que ACS discute y, en consecuencia, han contabilizado en su cuenta de resultados muy importantes pérdidas por razón del deterioro de activos financieros provocado por un descenso prolongado o significativo del valor de la acción de entidades participadas.

Finalmente, la eléctrica incide en que la anotación preventiva de la demanda es necesaria para garantizar el resultado y la efectividad del proceso, de acuerdo con la función de publicidad que cumple el Registro Mercantil, en la medida en que la mera existencia de dicho proceso supone que existe "una duda muy razonable sobre los resultados del ejercicio y la imagen fiel del patrimonio de ACS y su Grupo consolidado".