Los magistrados corrigen el contenido de la disposición adicional tercera al aclarar que "no puede tener en modo alguno efectos directamente vinculantes para el Estado" cuando asegura que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras tenía que equipararse al PIB de la región.

"No puede admitirse que vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues respecto de este tipo de compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía hemos dicho que no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio económico", explican los jueces.

La sentencia afirma que "es al Estado a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las comunidades autónomas, a las necesidades de cada una de estas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar en su caso y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva sobre la materia que le atribuye la hacienda general".

La sentencia deja prácticamente sin valor la disposición adicional tercera al establecer que su contenido "no vincula al Estado", aunque asevera que esta claúsula sobre el importe de las infraestructuras del Estado en Cataluña "no es contraria a la Constitución".

La condición para que se mantenga es que se interprete "en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones".