En una conferencia de casi dos horas que pronunció en el Campus de la Fundación FAES, que preside el ex presidente del Gobierno José María Aznar, Fernández-Miranda rompió una lanza por un TC sobre el que cree que se ha echado una presión y una carga “verdaderamente insoportable e injusta”, la de “introducir cierta seguridad jurídica” en el “desbarajuste del sistema autonómico” cuando no es un legislador en positivo. Además, criticó que se le ha achacado una irresponsabilidad que a este jurista le parece de los partidos, por enviarle “un tremendo conflicto político que nunca debió haber llegado al TC”.

Fernández-Miranda criticó el punto de partida que a su juicio informa la idea y el desarrollo del Estatuto de Cataluña: una “desconstitucionalización de la forma de Estado” sobre la base de un “pacto político cuasiconstituyente”. Aunque admitió que la Constitución no cierra el sistema autonómico, precisó que ésta no puede verse reemplazada por “medidas infraconstitucionales” que consagren una cosoberanía confederal entre Cataluña y España basada en una fuente de legitimidad “historicista, romántica, no racionalista” que le sorprende que haya terminado abrazando el PSC.

Según el catedrático, esta tesis, que ve encarnada en el lema de la manifestación convocada para mañana en Cataluña para protestar por el fallo y que advirtió que es la misma que la del Plan Ibarretxe sólo que más sutilmente expresada, ha quedado “desautorizada” por la sentencia del TC. Por ello, expresó sobre ésta un “moderado optimismo”. “A mí la sentencia me suena bien”, subrayó.

Tras defender el papel del TC como garante de los derechos de las minorías frente a las mayorías políticas coyunturales, y aplaudir que en el fallo sobre el Estatut haya tenido en cuenta las consecuencias políticas de su decisión, porque habría sido “totalmente irresponsable no hacerlo”, Fernández-Miranda fue desgranando uno a uno los puntos en los que le parece que la sentencia, aunque “muy interpretativa”, desactiva por esa vía los aspectos más peligrosos del texto autonómico, si bien a veces se contradice al “tratar de salvar lo que probablemente es insalvable”.

PUNTO POR PUNTO

Así, pasó revista a la ineficacia jurídica del término “nación”, añadiendo que “es conmovedor” ver los “esfuerzos probablemente imposibles” que hace el TC por encajar los derechos históricos del pueblo catalán. También al Consejo de Garantías Estatutarias, que en su opinión queda como órgano consultivo y lejos del control previo de inconstitucionalidad en que pretendía convertirse. Otro tanto dijo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Síndic de Greuges y la Sindicatura de Cuentas, que se impide que alcancen exclusividad de competencias frente al Supremo, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas estatales.

Finalmente, Fernández-Miranda considera que el TC ha logrado impedir la invasión de competencias estatales oculta en el intento de minimizar la legislación básica del Estado convirtiéndola en meros principios. Sí le parece bien que Cataluña se niegue a perder puestos en el ranking autonómico de renta como consecuencia de su contribución a la solidaridad, pero recordó que, en última instancia, la elaboración de los presupuestos generales del Estado y de la política fiscal corresponde a las Cortes Generales.

Adicionalmente, el catedrático de Derecho Constitucional confía en que la sentencia y el “sentido de la responsabilidad” con que la ha acatado el PP sean un “buen punto de partida” para proceder a la renovación del TC, para la cual propuso el método de que cada uno de los dos grandes partidos escojan a los dos magistrados que corresponda nombrar al otro, dentro de los candidatos que éste le ofrezca.

Igualmente, apeló a que PSOE y PP lleguen a un pacto político para cerrar el Estado de las Autonomías reformando la Constitución, porque ya se ha “llegado al techo” y “no hay más que quitarle al Estado” a menos que se pretenda quitar al Estado mismo. Con todo, comprendió que para ese pacto hace falta que el PSOE convenza al PSC, “no tanto a sus votantes ni a sus bases como a las clases dirigentes”, a las que atribuyó una “clara deriva nacionalista”.

Por último, reclamó a los independentistas, cuya legitimidad reconoció porque los Estados son realidades históricas que nacen y mueren, que se atrevan a plantear sus reivindicaciones abiertamente y no por medio de la “utilización manipuladora de los estatutos”.