El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, declaró en rueda de prensa que los hechos acontecidos alrededor de Ripoll son "suficientemente graves" como para que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé una "explicación" y una "aclaración".

González Pons denunció que las detenciones de Ripoll y varios concejales del PP en Orihuela son por lo menos "confusas", están "rodeadas de misterio" y "echan tufo a detención política para allanarle el paso a Zapatero ante del Debate de la Nación más difícil que ha vivido en su vida".

A su juicio, el responsable de la operación policial es Rubalcaba, al que acusó de haber tomado la decisión de detener a Ripoll a pesar de que el juez no había dado ninguna orden en ese sentido. Por eso, sentenció que "con Rubalcaba en Interior las garantías constitucionales y los derechos fundamentales están en riesgo".

González Pons no confirmó pero tampoco desmintió las informaciones que apuntan a que el propio Rubalcaba llamó el día antes de Mariano Rajoy para avisarle de las detenciones. Sin embargo, apuntó que si realmente se produjo se pondría de manifiesto que "quien tomó la decisión fue Rubalcaba".

DUDAS SOBRE LA OPERACIÓN

En nombre de la dirección nacional del PP, expresó la "alarma" que este asunto ha creado en el partido "ante la posibilidad de que el Ministerio del Interior esté utilizando los medios de la Policía para hacer publicidad del Gobierno socialista".

Adujo que la nota emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia desvela que la operación contra la posible trama de corrupción montada en Orihuela llevaba "más de tres años abierta" y por lo tanto el momento elegido para detener a Ripoll parece vinculado a la celebración la semana que viene "del Debate de la Nación más complicado al que se enfrenta Zapatero" desde que está en La Moncloa.

Esgrimió que la Policía trasladó desde Madrid más de 80 efectivos a Valencia para la operación y se actuó "sin orden judicial" a la vista de lo asegurado por el propio Tribunal Superior de Justicia en su comunicado.

González Pons resaltó que la Policía sólo puede detener sin orden judicial cuando se trata de un flagrante delito, hay riesgo de destrucción de pruebas y existe riesgo de fuga. Pero, tras tres años de investigación, cree que no se da ninguna de estas circunstancias y por eso la detención de Ripoll pudo ser legalmente dudosa.

Añadió que la ley establece que la detención de una persona debe producirse de forma que se dañe lo menos posible su reputación, pero en el caso de Ripoll estima que se optó por "la que más perjudicaba" al presidente de la Diputación de Alicante.

Finalmente, acusó a la Policía de incluir "mentiras" en la nota de prensa emitida por la noche sobre la operación, ya que habla de varios posibles delitos de los detenidos que posteriormente ha negado el Tribunal Superior de Justicia en nombre del juez.

Insistió en que desde la Policía "alguien está suplantando de manera gravísima" la función del juez por haber citado a declarar a Ripoll para este jueves sin que el propio juez lo haya solicitado previamente.