"Queremos llamar la atención sobre la necesidad de que las administraciones públicas que tienen competencia en materia de dotación de material y personal pongan los medios necesarios para que los jueces pueden contar con los informes periciales de riesgo", subrayó Montalbán en una rueda de prensa en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La presidenta del Observatorio explicó que las unidades de valoración "se han implantado de manera desigual en las provincias. En algunos lugares no cuenta con personal suficiente, en otros no se cumple el horario de las guardias, y en otros, no cuenta con personal espcializado en violencia de género. Hemos comprobado que estas unidades no emiten informes periciales de valoración del riesgo en el momento que se ha de decidir sobre las medidas cautelares".

En su opinión, la valoración del riesgo se hace sólo en función de los datos que aporta la víctima pero no se tiene en cuenta otros factores, como los psicológicos, los sociales y los culturales que sirven para diagnosticar si hay más riesgo, "como por ejemplo si la mujer ha reanudado su vida con otro hombre", precisó.

Recalcó Montalbán que toda esa información es fundamental para el juez, una información que "hoy en día los jueces no la tienen en el momento que tienen que decidir sobre la procedencia de las medidas cautelares".