Estos datos no casan bien con la respuesta del 59,6% de los encuestados, que defienden que la última palabra en las decisiones importantes deben tenerla siempre los gobiernos nacionales. Sólo el 26,8% apuesta por un gobierno comunitario capaz de tomar decisiones.

El 44,5% piensa que las cosas le habrían ido peor a España en esta fase de crisis económica, frente a un 15,2% que piensa que opina que hubiera sido mejor la situación del país de haberla afrontado en solitario.

Además, el 38,3% piensa que el Gobierno español defiende mal o muy mal los intereses del país en las instituciones comunitarias, mientra que el 17,6% cree que lo hace bien o muy bien.

En línea con esa percepción, el 73,2% considera que España influye poco o nada en las decisiones comunitarias, y el 16,4% entiende que influye bastante o mucho.

Casi el 65% de los españoles confiesa que está poco o nada informado de los asuntos relacionados con la Unión Europea. Además, el 53,7% se considera sobre todo ciudadano español, mientras que el 33,6% se siente europeo y español a partes iguales y sólo el 6% dice ser, sobre todo, ciudadano europeo.

Entre las noticias relacionadas con la UE de los últimos meses, la que más ha llamado la atención a los encuestados es la relacionada con la crisis en Grecia (11,9%), seguida de la crisis económica europea y mundial (8,3%) y de las medida económicas adoptadas para combatir la crisis (5,4%). La presidencia española, suscitó el interés del 4,1% de los encuestados.

Pese a la evidente falta de interés reconocida por los españoles, el 78,1% admite que las decisiones que tomen en Bruselas les afectan mucho o bastante, mientras que sólo el 15,9% afirma que su repercusión es ínfima o nula.

Buena parte de los españoles creen que las decisiones sobre sanidad (74,6%), educación (70%), política social (61,6%), o el terrorismo (56,5%) debe tomarlas el Gobierno de la nación y sólo en el caso de la política exterior y de defensa, el 48,1% opina que deber ser preponderante la decisión de la UE.

Los encuestados se pronuncian, finalmente, a favor de cambios puntuales en la Unión (42,7%), pero no radicales (27,8%). Esas modificaciones deben centrarse en avances de los derechos de los ciudadanos y en incrementar los mecanismos de vigilancia y control financiero, aunque más de la mitad, el 59,6%, apuesta por que la última palabra en las decisiones importantes las tengan los gobiernos nacionales.