José Luis Ramírez, portavoz de JpD, manifestó a Servimedia que "decir que no se va a cumplir una ley porque se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad es ir en contra del ordenamiento jurídico".

Ramírez argumentó que "la posición de esos gobiernos no es admisible ni razonable y es contraria a la Constitución. Se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad, pero eso no significa que la ley quede en suspenso".

Este representante de JpD señaló que es "imposible" suspender una ley cautelarmente, por lo que una norma debe aplicarse mientras esté "vigente".

Por su parte, la APM consideró "irresponsable" y poco "edificante" que los gobiernos de Murcia y Navarra hayan expresado su resistencia a aplicar la nueva Ley del Aborto.

Antonio García, portavoz de la APM, dijo a Servimedia que "la ley está en vigor, es plenamente aplicable", a lo que se suma que no es posible que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente su aplicación, porque esta opción se reserva a los recursos de amparo.

García señaló que "es evidente que los poderes públicos estamos sometidos a las leyes", por lo que "declaraciones llamando prácticamente a la desobediencia o a la insumisión" son algo que no puede ser considerado como "muy edificante".

Este portavoz insistió en que su colectivo no comparte actitudes "irresponsables y muy poco acordes a lo que se espera, y más de los poderes públicos, en Estados de derecho como el nuestro".