Esta organización lanzó esta preocupación después de conocerse la reciente liberación de tres abogados defensores de la sociedad civil, que habían sido detenidos en las últimas semanas en Pekín.

La directora para Asia de HRW, Sophie Richardson, indicó que "estas liberaciones son un paso en la dirección correcta, pero seguimos profundamente preocupados por el férreo control del Gobierno sobre la sociedad civil".

"Todas estas detenciones han tenido lugar como resultado de realizar actividades con fines pacíficos y las liberaciones no deben confundirse con una mejora general en la actitud del Gobierno hacia la sociedad civil", añadió.

HRW subrayó que, en los últimos años, China ha sido testigo de una explosión de organizaciones cívicas de carácter social y jurídico, que trabajan en ámbitos como la protección del medio ambiente, los derechos de la mujer, el sida, la salud pública, los derechos de los consumidores, la pobreza rural y los grupos sociales marginados.

Human Rights recalcó que el Gobierno chino ha reconocido públicamente la contribución positiva que las ONG aportan a la sociedad, pero, a pesar de este "reconocimiento retórico", insiste en pedir requisitos que pocas organizaciones pueden cumplir "y que son incompatibles con las obligaciones de China sobre el derecho a la libertad de asociación".

Debido a estas restricciones, la mayoría de las ONG chinas son inscritas como entidades comerciales o se constituyen sin personalidad jurídica, lo que deja abierto un posible enjuiciamiento por el funcionamiento de una "organización ilegal".