Aborto. Castilla y León acata la ley del aborto
- El Ejecutivo critica que el Gobierno central haya concedido sólo una semana de plazo para preparar los procedimientos y la documentación necesaria
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La Consejería de Sanidad de Castilla y León, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos planteados contra la Ley del Aborto, ha llevado a cabo las gestiones necesarias previstas en la normativa estatal que entró este lunes en vigor sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La Consejería afirma que lo hizo así pesar de haber contado únicamente con cinco días hábiles para elaborar y repartir a centros públicos y privados la documentación necesaria para informar a las embarazadas sobre ayudas y políticas activas de apoyo, así como a los centros sanitarios sobre los procedimientos para el desarrollo de la norma, según informó en un comunicado.
La Consejería de Sanidad, obligada por ley a garantizar esta prestación, ha elaborado una completa información general para todos los supuestos (que será distribuida fundamentalmente por los trabajadores sociales), previa al consentimiento para la realización de la IVE.
Se trata de una información referida a los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones legales comunes y específicas de cada supuesto, los centros públicos y privados acreditados, los trámites para acceder a la prestación y las condiciones para la cobertura por la sanidad pública.
En relación con los centros acreditados, se mantiene los tres privados ya existentes con la normativa anterior en León, Salamanca y Valladolid.
La Administración sanitaria regional, para hacer efectiva esta prestación incluida en la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud, ha establecido también los sistemas necesarios para codificar y proteger en todo momento los datos personales de las solicitantes, que podrán recibir esta información general de forma verbal o telefónicamente, o bien por medios electrónicos, incluido el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León, en el que ya está disponible.
PROCESO ADMINISTRATIVO
Recibida esta información, en el caso de que la mujer opte finalmente por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 de la ley (dentro de las primeras 14 semanas y a petición de la embarazada), deberá acudir a su centro de salud, donde se le solicitarán las pruebas necesarias para confirmar la edad gestacional.
Si cumple los requisitos, se tramitará la solicitud y se le entregará personalmente un sobre cerrado con resguardo de entrega que incluirá un dossier informativo con las ayudas públicas disponibles y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto; los derechos laborales, las prestaciones y ayudas públicas, los beneficios fiscales y demás información sobre incentivos y ayudas al embarazo y el nacimiento; los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro y los centros en los que puede recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la IVE.
A continuación, se remitirá la solicitud a la Gerencia de Salud de Área correspondiente, que emitirá autorización para realizar la intervención en un centro acreditado.
En concreto estarán formados por dos médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia o por expertos en diagnóstico prenatal y pediatras.
INFORMACIÓN VERBAL
Con carácter inmediato y previo a la prestación del consentimiento informado y por escrito para proceder a la IVE en cualquiera de los supuestos, se dará también información (verbalmente a ser posible) sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la decisión que se tome.
Además de la información para las gestantes, la Gerencia Regional de Salud ha establecido unas instrucciones por las que se regula con detalle el procedimiento en el Sistema Regional de Salud.
Como recoge la normativa estatal, los profesionales de Sacyl directamente implicados han sido preguntados formalmente y por escrito antes de entrar en vigor la normativa sobre su derecho a la objeción de conciencia.
La Consejería de Sanidad se encuentra a la espera de que el Gobierno central valore el coste efectivo de la aplicación de esta ley, ya que se trata de una prestación ampliada en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
(SERVIMEDIA)
05 Jul 2010
MAG/lmb