El acto ha sido organizado por Derecho a Vivir, que junto a Hazteoir y otras organizaciones antiabortistas solicitó hoy al Alto Tribunal impedir la aplicación de esta norma hasta que se resuelvan los recursos presentados por diputados del PP y el Gobierno de Navarra.

Durante la rueda de prensa, el presidente de Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga, explicó que “las reivindicaciones comenzarán este fin de semana”, ya que mañana, sábado, “nos concentraremos ante el Constitucional para reclamar la suspensión”.

Además, 90 ciudades españolas celebrarán veladas reivindicativas en las que se leerá un manifiesto contra los "25 años de aborto en España" y la nueva ley.

Bajo el lema “25 años bastan”, el texto solicita la suspensión cautelar de la norma y su derogación por éste o por el próximo Gobierno de España, así como una mayor protección a las mujeres embarazadas

En opinión de la presidenta de Derecho a Vivir, Gador Goya, esta “es una ley no querida por los españoles, que atenta contra el primero de los derechos humanos y abandona a miles de mujeres ante la violencia del aborto y los intereses de una industria siniestra”.

Por ello, pidió “coherencia” al PP, para que en caso de llegar al gobierno anule la ley, "tal como ahora predica".

La magistrada de la Audiencia de Madrid y miembro del comité de Hazteoír Teresa Fernández de Córdoba apuntó, a su vez, que “la principal carga legal del recurso se refiere a la necesidad de proteger la vida del no nacido”, y añadió que la ley también “supone una clara intromisión en la patria potestad”.

“Se quiere imponer una moral de Estado con educadores sexuales que sustituyan a los padres”, afirmó, y agregó que, “al igual que si una campaña de vacunación contra la meningitis en vez de reducir los contagios aumentase la prevalencia de la enfermedad sería retirada, no entiendo por qué se continúa con las actuales campañas de educación sexual sin ningún replanteamiento”.

Por último, Arsuaga defendió que “los empresarios y médicos abortistas serán los principales beneficiados con esta ley”, que provocará un aumento de los abortos y por tanto de su negocio.

Según recordó, “solo un 3% de los abortos se practica en la sanidad pública, y como es previsible que la objeción de conciencia permanezca, los casos en las clínicas privadas se multiplicarán, ya que además son estos mismos médicos quienes deben verificar si se cumplen los requisitos y decidir en caso de conflicto”.

A ello añadió que la norma asegura la financiación del aborto a la mujer pero no implica que se lleve a cabo en la sanidad pública, con lo que opinó que "solo servirá para sufragar a los médicos abortistas y garantizar su seguridad jurídica””, concluyó Arsuaga.