Los ecologistas argumentan que los mecanismos existentes en la actualidad, basados en acuerdos voluntarios, como el Global Compact, "se han demostrado totalmente inútiles como lo demuestran los casos del Repsol YPF, BBVA y Endesa, todas ellas firmantes del Global Compact".

Ecologistas en Acción presenta algunos casos de impactos de estas multinacionales que sustentan la necesidad de una Corte Mundial más allá del Global Compact, es decir, con potestad jurídica vinculante.

"Repsol YPF es la empresa española que más casos de vulneración de los derechos ambientales y sociales tiene en el extranjero. El mayor mercado internacional de Repsol YPF es la región latinoamericana. En muchos casos, las reservas de petróleo y gas que la empresa explota en esta zona coinciden con parques naturales y territorios indígenas protegidos por tratados internacionales. Éste es el caso de su presencia en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), que es una Reserva de la Biosfera, o en cuatro Parques Nacionales en Bolivia y una zona protegida en Argentina", afirma la ONG.

Por su parte, añade, "el BBVA tiene numerosas inversiones responsables de destrucción ambiental. Una participación en la mina de oro a cielo abierto en Yanococha (Perú), que ha provocado la contaminación de aguas, otra en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador, y otra en los gaseoductos de Transierra (Bolivia), con importantes impactos en la biodiversidad local".

"El caso más polémico, pero no el único, de impactos ambientales de Endesa en el exterior es el de la presa de Ralco en el río Bío Bío (Chile). La cuenca del embalse inundó 3.500 hectáreas de territorio mapuche rico en biodiversidad, y que se construyó con todo tipo de irregularidades. Los informes técnicos encargados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) rechazaron en principio el proyecto, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) hizo lo mismo. Pero posteriormente, en un oscuro procedimiento, la obra fue aprobada", concluye la ONG.