De momento es la única formación política que ha hecho pública su intención de presentar enmienda a la totalidad, lo que obligará a llevar al Pleno de la Cámara Baja la reforma laboral aprobada por decreto-ley y ya en vigor.

Tras la convalidación del decreto, el Pleno del Congreso votó favorablemente a la tramitación de la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Esa tramitación implica que, de no haber enmiendas a la totalidad, que sólo pueden presentarse con texto alternativo, el proyecto puede ser aprobado por la comisión correspondiente con competencias legislativas plenas.

Al haberse presentado ya una enmienda a la totalidad, la reforma del Gobierno deberá someterse a debate en el Pleno de la Cámara Baja. Esto retrasará sin remedio la tramitación de la ley, que el Ejecutivo tiene interés en que se apruebe en el primer pleno de septiembre, a más tardar.

La enmienda de IU recoge las reivindicaciones de los sindicatos en materia de empleo, según explicó Llamazares, no sólo por coincidencia ideológica con ellos, sino porque desde esta formación se considera que son las mejores medidas para reducir el paro y reactivar la economía.

Su objetivo es reducir "drásticamente la temporalidad", defender la causalidad en el empleo para que sea "fijo y estable" y apostar por la igualdad de género en el mundo laboral, de manera que el contrato a tiempo parcial no sea una fórmula específicamente femenina.

Además, incide en la defensa del carácter público que, a su juicio, deben tener los servicios de empleo y en la necesaria consolidación de la negociación colectiva.

Como segundo objetivo confeso de IU, figura el de evitar, con esta enmienda a la totalidad, que el Gobierno se convierta en "un esquirol de la huelga general".

Por su parte, Herrera afirmó que ICV quiere que esta "no sea una reforma para patronos, sino una reforma laboral para trabajadores" que no se base en el abaratamiento del despido.