El citado código de consumo se basa en el artículo 34 del Estatuto catalán, dedicado a los derechos lingüísticos de los consumidores que, según el Tribunal Constitucional, necesita interpretación para ser considerado constitucional.

Durante el debate parlamentario para la aprobación de esta normativa, que finalmente salió adelante con los votos de CiU y el Tripartito, el diputado de Ciutadans, José Domingo aseguró que la ley "olvida que la normativa básica estatal obliga a los poderes públicos a defender los derechos de los consumidores".

Asimismo, reiteró que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias estableció que los derechos de los castellanohablantes y catalanohablantes, tanto consumidores como usuarios, "son exactamente iguales". Así, a partir de ahora, "la Administración deberá sancionar también a aquellos establecimientos que no utilicen el castellano", no sólo a quienes no hagan uso del catalán.

Del mismo modo, criticó que la normativa contemple hasta multas de un millón de euros, cuando el Estado establece unas sanciones máximas de 600.000 euros.

Por su parte, la diputada del PP Eva García dejó claro que en el Estatuto de Cataluña, según la sentencia del TC, "hay artículos dudosos y puede ser que no se adecúen a esta ley, que puede ser que en el futuro se tenga que volver a evaluar".

El PP, que presentó una enmienda a la totalidad, considera que el ámbito de consumo es competencia exclusiva de la Generalitat "siempre que haya una regla de rango superior", en cuyo caso, prevalecería ésta última.

Según el TC, explicó la diputada, se declara inconstitucional que el catalán "sea lengua preferente" y, por ello, tildó de "paradoja" que un ciudadano que no está obligado a saber catalán se le pueda multar por no rotular en esta lengua.

La diputada reiteró que, según el TC, el artículo 34 del Estatuto de Cataluña, "será, como mínimo, interpretable", por lo que opinó que en los próximos días se tendrá que dar marcha atrás respecto a esta normativa.

Además, criticó que "un comerciante por cometer el gran crimen de rotular en castellano pueda ser sancionado con multas de 10.000 euros y con los comerciantes chinos o musulmanes se mire para otro lado" y acusó al Gobierno catalán de "perseguir a los empresarios, en lugar de ayudarlos conforme están las cosas".

Al mismo tiempo, pidió al Tripartito que "respete" la sentencia "con sentido común y sin llamar a la rebelión".

La diputada socialista Judith Carreras, por su parte, consideró que ésta es una ley "necesaria" que avanza en la defensa de derechos de consumidores y usuarios y da una gran impulso a la protección del consumidor y sus derechos.

Asimismo, consideró que se trata de "una herramienta imprescindible para salir de la crisis económica" y que contribuye al "aumento de la seguridad jurídica".

En esta línea, afirmó que el Consejo de Garantías Estatutarias ya estableció que la normativa no era contraria ni al Estatuto ni a la Constitución y dejó claro que el artículo 34 del Estatuto de Cataluña "no ha sido declarado inconstitucional".

Finalmente, el diputado de ERC, Miquel Carrillo se refirió también a la sentencia del TC, que, según explicó, dice que la Generalitat "puede jercer la competencia en el ámbito de consumo y legislar en esta materia". "Nos lo ha dicho el TC", dijo, por lo que optó por "tirar hacia adelante". "Eso es lo que estamos haciendo y haremos", concluyó.