En el caso de que la película cuente con menos de 16 copias y sea europea, sólo le afectará la norma en el caso de que esté subtitulada, en cuyo caso estos subtítulos deberán ser, también, un 50% en catalán.

Rechazadas las enmiendas de CiU y PP, el Parlament ha aprobado finalmente esta ley en la semana en que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. De hecho, el fallo del TC declaró inconstitucional que el catalán fuera lengua "preferente" de las Administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña.

El consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, definió esta ley, durante su debate parlamentario, como una ley "posible, oportuna y necesaria en el marco del desarrollo del Estatuto", cuyos objetivos son "fortalecer la industria, mejorar la diversidad de la oferta y garantizar de diversidad lingüística".

Fundamentalmente, dijo, la ley trata de "garantizar la conciliación entre los intereses industriales y los derechos de la ciudadanía". En definitiva, su aprobación, destacó, "corrige una anomalía", ya que "no era sostenible que un sistema cultural fuerte no pudiese contar con una plataforma de cine propio".

Sobre la cuestión lingüística, señaló que la lengua catalana es una lengua "de primera división, como cualquier otra lengua europea" y pidió un trato de igualdad porque "no es aceptable que los catalanes nunca hayan tenido la oportunidad de acceder al cine en catalán", lo que consideró "una anomalía democrática".

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Cuminal destacó que el resultado de la aprobación de esta ley "podría haber sido mejor", pero "las prisas no han ayudado", aunque reconoció que en el debate parlamentario se han conseguido cosas importantes como la renuncia a establecer impuestos para exhibidores o la regulación de las copias digitales.

CiU que no aclaró hasta el último momento el sentido de su voto, justificó en que la ley "es buena para el país" aunque consideró "una lástima" que el debate parlamentario en torno a la misma haya sido un debate lingüístico.

Por su parte, el diputado del PSC, Josep Maria Balcells destacó el "valor social, cultural y político" de esta ley y aunque se mostró comprensivo con las reticencias de la industria, en lo que respecta a la cuestión lingüística, "por el miedo a crear precedentes", dijo que la ley establece los porcentajes "sin complejos".

En esta línea, se mostró convencido de que los empresarios de la industria del cine "no están en contra del cine en catalán sino que tienen miedo de que no haya demanda".

Así, lanzó un mensaje al colectivo: "No estamos en guerra con ellos". "Les queremos decir que estaremos a su lado", aseveró.

Por parte de ERC, Joan Puigcercós calificó la normativa de "valiente" y dejó claro que "es precisamente ahora, tras la sentencia del Estatuto de Cataluña, cuando "hay que demostrar que hay en este parlamento una actitud valiente".

En su opinión, la Ley del Cine "acaba con la marginación del catalán en el cine". "Vivir en catalán no es fácil", dijo y reconoció haberse sentido "forastero" cuando ha tratado de buscar una sala de cine en catalán para llevar a sus hijos. De este modo, reiteró que sólo el 3% del cine que se proyecta es en catalán, por lo que esta ley supone un impulso a la normalidad cultural y lingüística de Cataluña.

Esta es una ley, afirmó, "que no discrimina a nadie y menos a nivel lingüístico". "Nadie pierde porque todos salimos ganando", dijo, y "sobre todo gana la cultura".

El diputado popular, Rafael López recordó que su grupo ha presentado una proposición de ley para que todas las leyes que se debatan en el Parlamento se adecúen al marco constitucional vigente tras la sentencia del TC.

Asimismo, consideró que el debate debería ser cómo ayudar al sector y preguntó al Tripartito "cómo nos pueden dar lecciones de libertad lingüística si la niegan en la administración pública y en la escuela".

Del mismo modo, criticó que "un pobre empresario que no rotule en catalán o no atienda en catalán o no exhiba películas en catalán" se pueda enfrentara una multa de 75.000 euros, así como la obligación de que el 50% de las películas tengan que exhibirse en catalán. En su opinión, se está "interviniendo el sistema".

Finalmente, en el mismo tono, el diputado de Ciutadans Albert Rivera calificó la normativa de "ley de imposición" y destacó "la anomalía es esta ley que contempla multas de 75.000 euros como están tan bien las cosas para autónomos y empresas" y que "llega después de una sentencia que declara inconstitucionales 14 artículos del Estatuto".

"Si son personas sensatas tendrán que esperar a ver si esta ley se puede o no tramitar", espetó al Tripartito, al que criticó de actuar como si la sentencia no existiera.

Rivera tildó de "ejercicio de cinismo pesentar esta ley como una lección de igualdad mientras hacen todo lo contrario en el ámbito público" y, puntualizó, "yo no encuentro ninguna escuela en la que se pueda llevar a mis hijos en castellano".