A juicio del Cermi, son "múltiples" los indicios que muestran "la extrema fragilidad" de estas personas desde el punto de vista del ejercicio y respeto de sus derechos humanos más fundamentales, por lo que es necesario conocer la situación real por la que atraviesan y proponer medidas de mejora del marco jurídico de protección.

De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España, la institucionalización sólo es admisible si es voluntaria, pero no implica en absoluto la rebaja en el grado de acceso a todos los derechos que corresponden a cualquier ser humano, recuerda el comité representativo de las personas con discapacidad.

A partir del conocimiento exacto, cuantitativo y cualitativo, de la realidad de estas personas acogidas en instituciones, que puede proporcionar esta comisión de encuesta, cabrá plantear reformas normativas que garanticen plenamente sus derechos, según el comité.

Para el Cermi, los recursos y dispositivos dirigidos a las personas que necesitan apoyos para su autonomía personal han de ser concebidos siempre bajo el prisma del derecho a llevar una vida independiente y a ser incluido en la comunidad, que proclama el artículo 19 de la Convención de la ONU.