Esta ley, que fue rechazada por la oposición socialista y de IU, aunque por distintos motivos, da luz verde a la bajada del sueldo de los miembros del Ejecutivo regional y la reducción de un 5% del salario de todos los funcionarios y empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

Se integra en este apartado a los trabajadores de empresas públicas de la Comunidad como Telemadrid, Metro o Canal de Isabel II.

Respecto a los empleados de Metro, salió adelante una enmienda del PP en la que se establece que tiene que reducirse "al menos un 2,15 por ciento del Presupuestos de Gastos de Personal para la empresa para 2010", pero permite flexibilidad en la aplicación de la norma.

El diputado del PP Pedro Muñoz Abrines, que defendió el proyecto del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre, dijo que estas medidas de la Comunidad de Madrid pretenden conseguir la reducción del déficit público de manera más justa, más equitativa y más homogénea, en una sociedad donde hay 4.600.000 personas que han perdido su puesto de trabajo, miles y miles de personas que han tenido que bajarse el sueldo en el sector privado, y donde se rebaja también el sueldo a los empleados públicos.

Indicó que “todos los empleados públicos, desgraciadamente como consecuencia de la política disparatada del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del PSOE, deben contribuir con independencia de que se sea funcionario, personal estatutario o personal laboral”.

Por otro lado, fueron rechazadas las enmiendas parciales que defendió el diputado socialista Adolfo Piñedo. Una de ellas tenía como objetivo evitar que el recorte salarial de los empleados públicos afecte a las empresas mercantiles públicas, evitar las medidas relativas al personal docente al servicio de la Comunidad y crear un registro de personal directivo de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el diputado de IU Miguel Reneses criticó la ley, dijo que no comparte la filosofía de la misma "en su totalidad" y afirmó que criticó los gobiernos nacional y regional son "débiles con los mercados" y quieren “que sean los trabajadores los que paguen la crisis”.