No obstante, si se compara el dato con el conjunto de autonomías se observa que Castilla y León ocupa el vagón de cola en optimismo, sólo por delante de Madrid (24%), Aragón (56%) y Asturias (60%). Entre las que observan el modelo con mayor optimismo se encuentran Extremadura (81%), Navarra (78%), Ceuta (78%) y Cataluña (77%).

Así lo pone de manifiesto el "Informe España 2010. Una interpretación de su realidad social", elaborado por la Fundación Encuentro, que señala que el 45% de los encuestados opina que la gestión de los servicios públicos y oficinas de la Administración central funcionan igual que los de las autonomías, y sólo un 18% declara que lo hacen mejor y el 16%, peor.

Las comunidades autónomas salen algo mejor paradas a la hora de evaluar los grandes objetivos en lugar de políticas públicas concretas, aunque hay diferencias por territorios. En Castilla y León, el 15,7% opina que el que mejor administra el dinero público es el Gobierno central, seguido por el Gobierno autonómico (12,7) y el ayuntamiento (10,5), mientras que un 19,1% observa que el Gobierno central es el que tiene funcionarios más competentes; el 12,9%, la Junta, y el 8,1%, los ayuntamientos.

A la hora de analizar el organismo que funciona de manera más transparente en Castilla y León ganan los ayuntamientos (14,4%), seguidos por el Gobierno central (11,7%) y el autonómico (10%), al igual que ocurre a la hora de pronunciarse sobre la institución que más caso hace a las demandas ciudadanas, con un 25,3% en el primer caso, y un 8,6% y un 8,8% en los otros dos.

En el caso concreto del modelo autonómico, el estudio indica que, en general, el porcentaje de los españoles que es favorable a la autonomía ha crecido de manera considerable desde 1976, cuando se situaba en el 39%, hasta el 56% de 2008, lo que supone un incremento de diez puntos porcentuales en la última década y de 20 en las últimas dos.

Además, en general mejora la percepción del buen funcionamiento del Estado autonómico a partir de 2002, hasta el 50%, y aumenta la percepción de las diferencias de prosperidad entre comunidades.

En este sentido, más de un tercio de los españoles piensa que el actual modelo ha contribuido a aumentar las diferencias, cifra que se situó en el 39% en 1998.