La mayoría de ellas tenía demencia –un 32,92%- o algún tipo de enfermedad mental, como esquizofrenia o patologías derivadas de algún proceso asociado (alzhéimer, alcoholismo, etc.). Este último grupo representa el 33,67%.

La mayor parte tiene edades comprendidas entre los 40 y los 60 años –un 25%–, si bien es importante el número de casos de personas más jóvenes, de entre 18 y 40 años, que se encuentran bajo tutela. Este grupo supone ya el 15%. Por sexo, un 57% de los tutelados son mujeres y el 43% hombres.

Por otro lado, el Ejecutivo regional dio esta semana su conformidad a las cuentas de 2009 de la AMTA, organismo que fue pionero en España y nació para garantizar la protección personal y patrimonial de estas personas.

Sus cuentas se enviarán a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, trámite que exige la Ley 9/1990 para todos aquellos entes públicos autonómicos.

La Comunidad de Madrid invirtió durante el año pasado más de 3,8 millones de euros en la protección integral de estos ciudadanos, es decir, un 7,4% más que en el año precedente.

Según los mismos datos del Gobierno regional, Madrid fue una de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha una agencia de tutela para personas incapaces de gobernarse a sí mismas.

Asimismo, según el Gobierno regional, con las mejoras introducidas en los últimos años, la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos se ha posicionado como un modelo a seguir por parte de otros territorios y organismos públicos.

La AMTA da cobertura a todas las necesidades de estas personas, prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social.

Desde su creación, la agencia se ha encargado principalmente de dar cobertura a todas las necesidades personales, sociales y vitales, de asumir la defensa y representación judicial y de efectuar la protección patrimonial de todas las personas con capacidad legal limitada que, además, se encuentran en situación de desprotección por carecer de familiares que puedan responder por ellas.

Este organismo también realiza labores de integración y normalización de los tutelados, facilitando recursos sociales, así como de atención personal integral del incapacitado (cuidado, rehabilitación y recuperación).

Además de la atención que presta a los tutelados, el Ejecutivo regional facilita información y asesoramiento a profesionales y familiares de adultos incapacitados sobre el procedimiento de protección legal de estas personas.