Según el dirigente popular, muchaspersonas que estaban incluidas en el censo de sus respectivas corporaciones entre el 1 y el 15 de junio (periodo de exposición de las listas en los ayuntamientos), han recibido posteriormente carta de baja en dichos censos.

Arenas no responsabilizó al Gobierno de intencionalidad política, pero sí "de pasividad y de intentar adjudicar a los ayuntamientos los errores, cuando el único responsable es el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda".

El plazo extraordinario dispuesto or la Administración para una nueva exposición y verificación de las listas (22 de julio al 5 de agosto), es "inadecuado", según el vicesecretario del PP, ya que "mucha gente está de vacaciones y es muy difícil que verfifiquen sus datos".

Los populares consideran que "si las exclusiones se deben a un problema mecánico derivado del proceso informático utilizado por el INE, las irregularidades saldrán normalmente a la luz en gran parte de la geografía española".

Aunque ya se ha comprobado que las iregularidades afectan a 800.000 electores, el problema podría ampliarse, ya que las modificaciones de baja han comenzado a ser remitidas una vez finalizado el plazo de exposición de las listas y van certificadas con acuse de recibo, "bien porque muchas personas -que desconocen este procedimiento- no estaban en su domicilio, bien porque no han recibido la notificación".

El PP solicita que la Administración establezca una nueva prórroga, a partir del día 15 de septiembre, en todo el territorio nacional,y no únicamente en los 730 municipios de las 32 provincias afectadas, como tiene previsto el Gobierno.

Según los datos de los populares, obtenidas de ayuntamientos y gobiernos civiles, las provincias más afectadas son las gallegas, con unas 300.000 irregularidades, Valencia (130.000), Vizcaya (70.000) y Castellón (32.000).