La DGP, a falta de estadísticas oficiales, estima que en 1991 desaparecieron nas 8.000 personas, ya que esa cifra se repite anualmente con una mínima variación. Sin embargo, la policía no tiene en cuenta si se trata de menores o adultos.

Actualmente, un grupo especializado investiga los 22 casos que aún continúan abiertos y que son denominados "desapariciones con sospecha" (personas que han sido vistas con vida por testigos pero de las cuales se ha perdido su rastro).

Las denuncias sobre desapariciones abarcan desde el marido que se ha ido de copas hasta las mujeres maltrtadas que abandonan su hogar. Sin embargo, la policía mantiene que los desaparecidos responden a un "patrón tipo" y que el 85 por ciento de los casos es resuelto de forma favorable.

Por ejemplo, son firmes candidatos para protagonizar una fuga los escolares con malas notas, los ancianos, las personas que padecen trastornos mentales, los reincidentes y los extranjeros que vienen en grupo a España y se "pierden" en las costas turísticas donde hay más ambiente.

Otros casos los protagonizan personas ue no quieren dar señales de que están vivos o aquellas que cambian de domicilio sin comunicárselo previamente a la familia.

ESTADISTICA ABULTADA

Según la policía, las abultadas estadísticas responden a que muchas denuncias no son retiradas cuando la persona fugada aparece. Cuando se trata de extranjeros, comprueban que han salido del país de forma tan silenciosa como desaparecieron.

No obstante, los agentes no cierran ningún caso hasta que no comprueban que la persona sigue viva, la denuncia e retirada o averiguan que se ha puesto en contacto con sus familiares o amigos.

Es muy difícil que una persona fugada no saque dinero de su banco, no viaje, no duerma en un hotel o no llame por teléfono. Todo ello constituyen pistas, ya que el desaparecido deja su rastro al hacer alguno de esos movimientos.

Los casos en que los menores están implicados son más delicados, porque siembran la alarma en la opinión pública y remiten a supuestos de trata de blancas, abusos sexuales, niños adoptados ilealmente o tráfico de órganos humanos.

La DGP afirma que esos casos conllevan un fenómeno "eco" que puede ser muy peligroso. El último suceso sobre desapariciones ocurrió el pasado viernes en Zaragoza. En esa fecha Zulema Santos, de 8 años, fue secuestrada y puesta en libertad un día después en un hotel de la autovía Madrid-Aragón.

Sus padres no pagaron ningún rescate, aunque un hombre llamó a su casa para exigirles 15 millones de pesetas para liberarla. Su padre es brigada del Ejército de Tierra,hecho que da pie a los agentes para especular con que el secuestrador actuó movido por acuciantes problemas económicos, ya que la familia no dispone de ingresos suficientes para pagar un rescate de este tipo.