Otros datos resaltados por el informe son que el maltrato emocional se recoge en el 42,5 por ciento de los expedientes de los servicios de protcción de los menores, mientras que el maltrato físico se acerca al 31 por ciento.

En menor medida, los menores se ven afectados por situaciones de mendicidad (9,3%), explotación laboral (4,2%), corrupción (4,2%) y el mismo porcentaje en el caso de los abusos sexuales. Además, los niños españoles pasan por la circunstancia de la mendicidad en el 9,3% de todos los casos de maltrato que se denuncian, mientras que el maltrato prenatal afecta al 5%.

La intervención del Estado cuando se detectan casos e malos tratos a los menores se produce a través de los servicios sociales de las comunidades autónomas, cuyas medidas de protección afectan anualmente a cerca de 20.000 niños, de acuerdo con los datos que se recogen en la Estadística Básica de Atención a la Infancia.

Desos 20.000 niños que están bajo la protección del Estado, 10.500 pasan por el acogimiento residencial, 5.164 por el acogimiento familiar administrativo, 3.079 por el acogimiento familiar judicial y 707 por la adopción.

PERFIL

Enla actualidad, y de acuerdo con los objetivos del Observatorio de la Infancia, desarrollado por la Dirección General de Acción Social, Menor y Familia para establecer un perfil de la situación de los menores en España, se ha constituido un grupo de trabajo compuesto por responsables de las comunidades autónomas con el fin de determinar y estudiar los casos de maltrato infantil, a partir de un cuestionario que sería implantando a principios del próximo año.

La convocatoria de subvenciones del 0,5% del RPF para 1997 ha concedido 1.482 millones de pesetas para la realización de 93 programas relacionados con los menores, en especial con aquellos que se encuentran en situación de desprotección.

Esta convocatoria hace especial hincapié en los programas de fomento de acogida familiar de menores tutelados por la Administración, en programas para la prevención y atención del maltrato infantil, para la prevención y erradicación del trabajo infantil, en programas para la intervención con familias en situació de riesgo o violencia y en programas destinados a equipamientos residenciales para menores en situación de dificultad social.

Por otro lado, el Gobierno ha destinado en 1997 un crédito de 100 millones para un programa destinado a combatir los malos tratos en el ámbito de la infancia y otro, de nueva implantación, de 130 millones, destinado a las familias desfavorecidas y en situación de riesgo social.