Así, “la transparencia y la integridad en las prácticas y estrategias de influencia” serán tenidas en cuenta a la hora de elaborar las valoraciones de las empresas según informa la consultora.

Para el análisis de las prácticas de lobby se tendrá en consideración cómo informan públicamente las compañías sobre los acuerdos que asumen, y cómo miden y gestionan esta materia tanto internamente como a través de agentes externos a la hora de influir en asuntos legislativos que les afectan, entre otros aspectos.

La consultora considera que, ante la falta de un estándar internacional, existe un riesgo para las empresas en un contexto en el que los grupos profesionales son cada vez más potentes y en algunos casos usan prácticas cuestionables. Ante esta situación las posibilidades de denuncias no son insignificantes para las empresas que carecen de una política y estrategia transparente.

Por el contrario, las empresas que optan por ser transparentes en la información sobre las posiciones que defienden y sobre los recursos organizativos y presupuestarios para la consecución de los mismos en relación con las decisiones gubernamentales protegerán mejor su reputación, mejorarán su seguridad jurídica, aumentarán su atractivo para los inversores, y su licencia para operar contará con un mayor apoyo.

Este criterio ha sido desarrollado con el apoyo de la sección francesa de Transparencia Internacional en el marco de un convenio de colaboración firmado entre las dos organizaciones en julio de 2009.