La normativa establece que las cuestiones que se pueden someter a la mediación familiar se deben referir siempre a materias de Derecho Civil de familia susceptibles de ser planteadas judicialmente.

Asimismo, se recoge que el mediador no adopta ninguna decisión, sino que son las partes las que deciden y logran o no acuerdos sobre el conflicto que mantienen. Además, el texto opta por un ámbito de aplicación amplio, que incluye no sólo los conflictos originados en las situaciones de pareja, sino también otras circunstancias conflictivas que se pueden producir en el medio familiar.

La principal novedad de este proyecto de ley consiste en la consideración de la mediación como servicio público. La Ley 18/2006, de mediación familiar, que quedará derogada cuando el Parlamento apruebe el proyecto de ley aprobado hoy, optó por la figura del contrato de mediación y por dar a la mediación familiar un carácter privado.

La Consejería de Asuntos Sociales considera que actualmente se produce una confluencia entre el desarrollo de la institución de la mediación familiar y un proceso de universalización de los servicios sociales y, por lo tanto, el de los servicios sociales “es el marco idóneo en el que se tiene que inscribir la institución de la mediación familiar”.

Por lo tanto, la actividad de la mediación familiar se desarrollará mediante la red pública de mediación, sin perjuicio de las iniciativas privadas que puedan surgir.

El proyecto de ley establece que las administraciones públicas deben garantizar el acceso de los ciudadanos a la mediación familiar y también la gratuidad de los servicios en los términos que prevé la ley.

Igualmente, el texto regula la creación del Servicio de Mediación Familiar de las Islas Baleares, del Registro de Mediadores y del Registro de Centros de Mediación de Colegios Profesionales y de Entidades Públicas o Privadas.

La creación de los dos registros mencionados responde a la necesidad de controlar que efectivamente llevan a término la mediación las personas que cumplen los requisitos establecidos por el proyecto de ley, con lo cual se garantiza un nivel de calidad mínimo.

Además, son un instrumento para que los ciudadanos puedan conocer qué servicios de mediación hay y qué profesionales los prestan.