Así lo auguraron en rueda de prensa los responsables de la Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones (PODA), que hoy se presentó a los medios de forma oficial en Madrid.

En opinión de su secretario y tesorero, Eusebio Megías, todas las crisis económicas provocan un aumento del “estrés social”, con la consecuencia de un crecimiento del consumo de alcohol, tranquilizantes y otros psicofármacos, que “son sustancias de fácil acceso”.

A ello hay que añadir el riesgo de que se produzca un retroceso en los programas de asistencia y prevención de la drogodependencia, advirtió, como resultado de los recortes en el presupuesto dedicado a estas partidas.

La ingesta de sustancias ilegales también podría crecer, señaló Megías, aunque no todos los expertos coinciden en ello, pues “son más difíciles de conseguir y su consumo se asocia al ámbito de lo lúdico y la diversión”, apuntó.

NO A LOS RECORTES

Según sus promotores, “la PODA nace con el objetivo de defender a las ONG que trabajan en drogodependencia y de visibilizar la importancia de este sector a ojos de la sociedad”.

La plataforma agrupa a un total de 14 entidades estatales que representan a unas 500 organizaciones, para las que trabajan 6.500 empleados y cerca de 5.000 voluntarios.

En su intervención, el presidente de PODA, Luciano Poyato, añadió que “nuestros programas terapéuticos atienden a 260.000 personas” y que “de la prevención se benefician unos 4 millones de personas”.

Todos ellos se verán afectados por los recortes en el presupuesto a ONG, los retrasos en los pagos y la congelación o aplazamiento de subvenciones, advirtió Poyato.

Además declaró que “Andalucía ha recortado en un 16% su presupuesto para ONG, otras lo han hecho en un 13% y hay entidades de drogodependencia en el norte de España que ya han tenido que cerrar”.

Desde luego, afirmó, “si las subvenciones disminuye, habrá un gran número de heroinómanos en programas de sustitución de metadona que dejaremos de atender”, pisos tutelados que cerrarán, programas de inserción que dejarán de fucionar y población reclusa que se volverá aún más vulnerable, advirtió Poyato.

A su juicio, la reducida percepción de las drogas como “un problema por parte de la sociedad española se debe en parte a la contención sociosanitaria que las entidades del sector llevan a cabo”, con lo que una disminución en esta atención podría provocar un auge de la delincuencia y otros problemas asociados.

“No queremos volver a los años 80”, subrayó Poyato, quien reclamó a las administraciones públicas mantener el gasto en asistencia y prevención.

Asimismo adelantó que a partir de la semana que viene nos reuniremos con los grupos parlamentarios para transmitirles nuestra preocupación, y pedirles que el Plan Nacional sobre Drogas (que de momento no ha recortado sus prestaciones) mantenga su presupuesto actual”.