Según informó la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), del total de la deuda reclamada, 44,4 millones corresponden a operaciones registradas como pendientes de pago por las administraciones públicas, mientras que 13,9 millones son operaciones en las que los concesionarios adelantaron el coste de la ayuda a los clientes, pero que las administraciones públicas no reconocen como parte de la deuda.

Desde la Faconauto explicaron que, al abrirse el sistema para tramitar el reembolso de las ayudas el pasado 25 de marzo, con un retraso de 85 días sobre la fecha de apertura prevista en el Real Decreto regulador del Plan 2000E, los concesionarios no pudieron grabar 11.880 operaciones (por un valor de 5,9 millones) con cargo al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y 16.095 operaciones (por un valor de 8 millones) con cargo al presupuesto de las comunidades autónomas adheridas.

La patronal de los concesionarios considera que el Gobierno es el causante de este problema, al haber diseñado un sistema de gestión del Plan 2000E que exigía a los concesionarios adelantar las ayudas a los compradores por cuenta de la administración. Los concesionarios no supieron con antelación si habría partida presupuestaria para las operaciones que estaban realizando con cargo al Plan, porque el sistema se abrió cuando se había comprometido más del 70% del presupuesto de Industria y de las autonomías.

La comunidad que más debe es Cataluña, que no ha abonado ninguna operación de las realizadas en 2010 y tiene 14,1 millones pendientes de pago y 3,6 millones por operaciones no reconocidas. Le sigue la Comunidad Valenciana, que tampoco ha abonado ningún expediente de 2010 y, según Faconauto, su deuda es de 5,9 millones pendientes de pago y 2,3 millones de operaciones no grabadas.

Por otro lado, la patronal considera que el Gobierno no tiene la voluntad de prorrogar el Plan 2000E, pese a haber perdido la votación que tuvo lugar el pasado 27 de abril en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley en la que la mayoría parlamentaria le instaba a ello.

Según las previsiones de Faconauto, la no renovación del Plan supondrá la pérdida de 150.000 ventas en el segundo semestre del año y la destrucción de 10.000 puestos de trabajo en las Pymes de la red de distribución. Asimismo, la patronal considera que el Estado dejará de ingresar por ello 480 millones de euros en impuestos del automóvil.