En su Informe Anual 2009, señaló que el éxito del proceso de adaptación de la universidad española a los criterios acordados en el contexto europeo “depende muy claramente de la capacidad de las administraciones para adecuar sus correspondientes presupuestos y hacer realidad muchos de los objetivos vinculados a dicho proceso”.

Entre estos, citó el cumplimiento del nuevo límite de alumnos por clase, el uso de las nuevas tecnologías, el seguimiento del trabajo personal del alumno o el aumento de la calidad de las becas.

No obstante pidió a las universidades públicas promover “medidas de ahorro y eficiencia en el gasto”, a fin de paliar las consecuencias de "la previsible disminución o aplazamiento de la aportación financiera" dada la situación actual de crisis.

Por otra parte, señaló que “es deber de las administraciones garantizar recursos necesarios que aseguren el derecho a la escolarización entre los 0 y los 6 años de edad, y lamentó “los persistentes problemas en los procesos de admisión de nuevos alumnos en los centros escolares”.

A su juicio, aunque se debe mantener una necesaria objetividad habría que aplicar con cierta flexibilidad determinados criterios y baremos, pues si se siguen de forma rígida y no individualizada “pueden generar graves distorsiones para los padres con más dificultades”.

El informe llamó también la atención sobre el elevado índice de abandono y fracaso escolar (30%); los negativos resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales; la insuficiente valoración social de la formación profesional, y el escaso volumen de titulados imprescindibles en el sistema productivo.