Chaves compareció en la Comisión de Política Territorial del Congreso, a petición de PP, CiU y ERC-IU, para informar sobre la incidencia de las medidas de austeridad y reducción del déficit en las comunidades autónomas y entidades locales.

Chaves se refirió a la recientemente aprobada financiación autonómica, sobre la que reconoció que “engordó el déficit”, pero reiteró que hubo presión de las comunidades y dudó de que “hoy se hubiera adoptado” este nuevo modelo de financiación para las comunidades.

Sobre la financiación local, se mostró consciente de que “había un compromiso para que se presentara la ley de haciendas locales”, pero se preguntó si “alguien puede pensar que este es el mejor momento para abordarla”.

“Nadie lo entendería” ni en España ni en la UE, porque “se engrosaría el déficit público”, subrayó. “No es el momento oportuno para abordar la financiación local”, aseveró, al tiempo que, dijo, “incluso los ayuntamientos lo entienden”.

“Habrá que buscar el momento superada la crisis”, afirmó.

A este respecto, dejó claro que el borrador sobre la ley de gobiernos locales está terminado y que no se ha presentado porque se acordó que ambas normativas fueran simultáneas, pero se comprometió a que si esta premisa cambia por parte de los grupos parlamentarios el Gobierno ”no tiene ningún problema en presentarla”.

Tras mencionar algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno, como la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento, el Plan de lucha contra el fraude fiscal o la supresión de 32 altos cargos y 29 empresas públicas, Chaves se refirió a las medidas adoptadas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se acordó reducir el déficit al 3% en 2013.

“Estamos ante una senda de consolidación fiscal en la que están implicados autonomías y gobiernos locales”, destacó.

En mayo, según explicó, resurgieron brotes de inestabilidad financiera que llegaron a amenazar la estabilidad del euro, lo que llevó a la UE a aprobar un mecanismo de estabilización financiera y a que todos los gobiernos europeos adoptaran medidas similares. En España, esto se plasmó en las medidas de ajuste aprobadas en el pasado Consejo de Ministros, que establecían el paso en sólo dos años de un déficit del 11,2% al 6% en 2011, es decir, un ahorro de 5.250 millones de euros en 2010 y 10.000 millones en 2011.

El ahorro en el ámbito de la Administración General del Estado en 2010 será de 3.210 millones y de 2.040 en el conjunto de las comunidades. Éstos 2.040 millones de euros vendrán dados por el ahorro en retribuciones (1.765 millones) y una reducción del gasto farmacéutico de 275 millones de euros.

Para 2011, se prevé un ahorro de 10.000 milllones de euros, de los que 4.025 millones serán atribuibles a las administraciones territoriales en retribuciones de personal (1.700 millones) y gasto farmacéutico (1.025 millones), así como por el menor gasto en dependencia (100 millones) y una reducción adicional del gasto de 1.000 millones para las comunidades y 200 millones para las entidades locales.

Además, durante 2011 sólo se autorizarán operaciones de endeudamiento por un importe máximo de déficit fijado, es decir, un 2,4% del PIB de cada una de ellas. Asimismo, las comunidades, explicó Chaves, ratificaron su voluntad en el Consejo de Política Fiscal de adaptar sus presupuestos 2010-2013 a la nueva senda de reducción del déficit.

En este sentido, las comunidades tienen la obligación de especificar en su presupuesto de 2011 el 0,75% de recorte previsto y decidir si lo hacen por la vía del gasto o el ingreso.

Sobre el decreto impulsado por el Gobierno que prohíbe a los ayuntamientos españoles endeudarse a partir del 1 de enero de 2011, Chaves opinó que era "imposible" establecer un déficit para cada comunidad porque "ninguna lo hubiera aceptado".

En esta línea, destacó que las devoluciones de la liquidación correspondiente a 2008 y 2009 para las corporaciones locales se hará a partir del 1 de enero de 2011, pero todavía, puntualizó, no hay datos a este respecto y reiteró que no hay que olvidar que la disminución de los ingresos afecta a todas las administraciones.

REFORMAS ESTRUCTURALES

“Todas estas medidas persiguen la sostenibilidad de las cuentas públicas y restaurar el crecimiento”, afirmó, y confió en que el crecimiento económico se vea impulsado por estas reformas estructurales.

También se refirió al sistema financiero, del que dijo está inmerso en un proceso de reestructuración y ordenación que finalizará en breve y quiso reconocer explícitamente el trabajo de funcionarios y su esfuerzo de reducción salarial “desde la legitimidad moral que tiene un gobierno que cuando se podía recuperó su poder adquisitivo perdido en épocas anteriores”.

Sobre la reforma del sistema de pensiones, tras dejar claro que fue el Gobierno de Zapatero quien incrementó el poder de las pensiones, "aunque ahora tenga que pedir un esfuerzo", aseguró que el Gobierno presentó un documento para debatirlo en el marco del Pacto de Toledo con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Finalmente, respecto a la reforma laboral, y “ante la imposibilidad de alcanzar un consenso con los agentes sociales”, Chaves explicó que “el Gobierno ha asumido su responsabilidad aprobando una reforma sustancial con vocación de permanencia, que facilita la creación de empleo, combate la dualidad y la precariedad laboral y permite mayor flexibilidad a la empresa para adaptarse a momentos de crisis”.

Todas estas medidas constituyen, en su opinión, “los elementos esenciales de la gran modernización de la economía española”, que ha llevado a decir al director del FMI que “las reformas del Gobierno español ponen las bases para dos décadas de crecimiento”, puntualizó.