Así figura en el "Informe Anual 2009" del Defensor del Pueblo, que el titular de esta institución, Enrique Múgica, entregó hoy al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y al del Senado, Javier Rojo.

En cuanto a las quejas colectivas, es decir, las relativas a las reclamaciones de muchos ciudadanos ante una determinada actividad administrativa, el año pasado se iniciaron un total de 3.626 expedientes nuevos, un número inferior al de 2008.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo abrió 269 investigaciones de oficio en 2009, la mayor cifra registrada en todos los ejercicios de esta institución.

El mayor número de quejas fue remitido desde las comunidades autónomas con mayor población, aunque en primer lugar destacó una vez más las procedentes de la Comunidad de Madrid, con más de 5.000, seguida de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, y Galicia.

Por sectores de actividad, volvieron a destacar las quejas relativas a las disfunciones en la actuación de las administraciones públicas en materia económica (impuestos, tributos, telecomunicaciones, ordenación económica y financiera, infraestructuras y transportes).

También sobresalieron, respecto a 2008, el número de quejas relativas a los asuntos de política social, sanidad y trabajo, y seguridad social, además de justicia, urbanismo y vivienda.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo tramitó el año pasado un total de 13.784 expedientes de queja y admitió cerca de un 38% de las presentadas, rechazó el 52% y el 10% restante aún no había adoptado la correspondiente decisión a fecha del pasado 31 de diciembre.