La organización destaca, entre las distintas razones que aduce al Defensor del Pueblo para sustentar la suspensión cautelar y el recurso de constitucionalidad que "el real decreto ley ordena reducir, con criterios de progresividad, la masa salarial de los empleados públicos un 5%, tanto en las retribuciones básicas como en las complementarias".

Además, argumenta que "la reducción se aplica únicamente a la condición de trabajador-funcionario, lo que constituye una discriminación por esa condición, puesto que no se aplica a los empleados de las empresas públicas que estarían dentro de la misma conceptualización del real decreto ley en cuanto a demanda de sacrificios a empleados retribuidos con dinero público y estabilidad de empleo garantizada".

Asimismo, afirmó que se aplica con retroactividad, algo contrario a los fundamentos del Derecho, ya que no congela salarios sino que reduce cuantías pactadas dentro de una negociación colectiva".

Femyts recuerda que "antes de una decisión tan grave", como la tomada con los empleados públicos y pensionistas, "habría que considerar que existen muchos focos de ineficiencia, injustificables cargos en el actual organigrama gubernamental, gastos y subvenciones millonarias, incomprensibles en una situación de crisis como la actual, que podrían haberse suprimido antes de recurrir a complicarles la vida a pensionistas y funcionarios recortando sus salarios".