AI refleja esta situación en un nuevo informe, titulado "Túnez, continuando los abusos en nombre de la seguridad", hecho público más de un año después de que detallara graves violaciones de los derechos humanos y pidiera la actuación urgente del Gobierno para poner freno a estas prácticas.

El informe indica que poco ha cambiado desde entonces en Túnez porque la tortura "sigue siendo omnipresente en los centros de detención, sobre todo en los del Departamento de Seguridad del Estado, y los tribunales continúan aceptando declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura como prueba para declarar culpables a los acusados, sin tomar ninguna medida o tomando medidas inadecuadas para investigar los hechos".

El director del Programa Regional para Oriente medio y el Norte de África de AI, Malcolm Smart, señaló que "el Gobierno describe Túnez como un país donde prevalece el Estado de derecho, pero eso dista mucho de la realidad".

"En la práctica, las autoridades tunecinas siguen llevando a cabo arrestos y detenciones arbitrarias, permiten la tortura y recurren a juicios sin las debidas garantías, todo ello en nombre de la lucha contra el terrorismo. Ésta es la dura realidad que se esconde tras la retórica oficial", agregó.

Smart afirmó que "las autoridades tunecinas deben limpiar el sistema de detención, tomar medidas drásticas contra la tortura y poner fin a la impunidad concedida al Departamento de Seguridad del Estado y sus funcionarios".

Ante esta situación, Amnistía ha pedido varias veces a Gobiernos europeos y de otras regiones que no devuelvan a Túnez a personas que puedan correr el riesgo de sufrir tortura u otras graves violaciones de los derechos humanos.