En un comunicado, Concapa apuntó que el 9 de junio el Pleno del Senado aprobó este nuevo código tras "hacer caso omiso a todas las propuestas de otros grupos, como la del PP", que solicitaba que el personal sanitario o docente que realice sus funciones en centros médicos, hospitalarios o educativos de naturaleza privada tuviera la misma protección que los funcionarios públicos ante los delitos de atentado contra la autoridad.

Asimismo apuntó que “paradójicamente” el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, definió el texto como "necesario, adecuado y pensado por todos”.

Esto último no se corresponde con la realidad ya que, una vez más, la educación pública es la única que se tiene en consideración marginando a la concertada y, con ella, a los docentes que sufren agresiones, criticó Concapa.

En su opinión, "una vez más la aberración jurídica de la “discriminación positiva” inventada por Zapatero vuelve a convertirse en un instrumento de división de la sociedad española, primando a algunos grupos y perjudicando a otros, lo que no es admisible en un Estado de derecho".