La diputada popular Cristina Ayala explicó que la modificación en la legislación de la energía nuclear aprobada por el Ejecutivo en diciembre de 2009 clarifica los criterios de aplicación para la renovación de licencias de explotación ordinaria, en el caso de contar con menos de 40 años, y extraordinaria, con más de esa edad.

Ayala recordó que la semana pasada se autorizó el mantenimiento de la vida útil de la central de Almaraz y se preguntó por qué la de Garoña no. "Qué más da la edad, si es segura", espetó.

En este sentido, recordó que la central de Garoña ha llevado a cabo una continua adaptación de sus instalaciones, como más de 2.500 actuaciones de modificación de su diseño original y una inversión de más de 150 millones de euros en estas inversiones.

Además, Ayala calificó de "milonga" el plan del Gobierno para paliar el efecto del cierre, dotado con 100 millones de euros. Según dijo, Garoña es la sexta empresa en Burgos y está entre las 20 más importantes de Castilla y León.

GAROÑA, EN CIFRAS

Su prórroga supondría el mantenimiento de 1.400 empleos y 35 millones de euros anuales que repercuten en la provincia. Por ello, la diputada del PP reivindicó que "no se hurte a Garoña el seguir generando energía limpia, segura y barata".

Por el contrario, el procurador socialista Fernando Benito calificó de "oportunista y demagógica" esta proposición que, recordó, fue registrada en las Cortes en febrero y se ha sacado a debate ahora tras conocer el anteproyecto de ley que, remarcó, no da prórrogas a todas las centrales, sino que establece un procedimiento nuevo "más estricto, transparente y participativo". A juicio de Benito, el PP saca ahora esta iniciativa para ganar "unos poquitos votos" a costa de Garoña.