"Lo que tendría que hacer la clase política", afirmó García, "es poner en evidencia la falta de altura democrática, institucional e intelectual" que tienen declaraciones como la de Joan Tardà al sugerir la retirada de los diputados de ERC, o iniciativas como la de Carod-Rovira de organizar una gran manifestación para condicionar al TC.

"Hay que dejar al descubierto la poca calidad democrática que tienen estas personas, cuando lo que están haciendo es lisa y llanamente lanzar un torpedo a la línea de flotación de todo nuestro sistema institucional".

El portavoz de la APM cree que "es evidente para cualquiera que un tribunal tiene que estar en disposición de poder ejercer sus funciones de forma independiente y no sometido a presiones de ningún tipo". Por consiguiente, "no es de recibo" que un político "amenace de forma indisimulada con que se va a armar la de San Quintín si al final se toma una decisión que es la que se ha considerado más procedente en Derecho. Eso es deshacer y desnaturalizar el funcionamiento desde la normalidad de una democracia".

García replicó la tesis de ERC de que donde se manifiesta el pueblo nada tiene que añadir ningún tribunal, y aseguró que una democracia "no es el gobierno de las personas, es el gobierno por las leyes. Las leyes encarnan en cada momento la voluntad soberana del conjunto del pueblo", y la Constitución, mientras no sea modificada, asigna al TC la función de "controlar la constitucionalidad de las disposiciones con categoría de ley", entre ellas, los Estatutos de Autonomía.

"Ésa es la encomienda constitucional que en su momento el pueblo español decidió atribuirle", remachó, preguntándose: "¿De qué pueblo habla él? ¿En qué se ha erigido este señor? ¿En portavoz de quién?".

El representante de la APM subrayó que lo que hace ERC "no forma parte del legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión, o del legítimo derecho a la crítica, que es otra cosa totalmente distinta. Eso se podrá ejercer una vez que se sepa lo que decide el TC", de igual modo que "a nadie se le ha puesto la mordaza para impedirle que diga qué tiene de bueno o de malo el Estatuto".

Para García, "eso es lisa y llanamente injerencia, presión y amenaza, y pretender que un tribunal haga lo que yo quiera que haga, no lo que tenga que hacer después de haberlo decidido de forma autónoma e independiente".

EFICACIA DE LAS PRESIONES

Sobre la eventual eficacia de las presiones, expresó su confianza en que lo que puedan decir los dirigentes de ERC "no va a tener ningún tipo de influencia en la decisión que tome este tribunal", pero reconoció que los jueces no "asisten con indiferencia a lo que socialmente se está cociendo en cada momento".

En cualquier caso, de lo que sí está seguro es de que "hacer caso de este tipo de advertencias o sugerencias le daría al TC la puntilla definitiva desde el punto de vista de la credibilidad y de la confianza que tiene que ejercer sobre el conjunto de los ciudadanos".

De momento, la tardanza "difícilmente soportable" que está sufriendo la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña ya constituye, según Antonio García, un incumplimiento de su "deber ético de actuación diligente", y no da validez a la justificación de que ése es el tiempo que suelen demorarses las sentencias del TC, dado que "hay que saber discriminar entre asuntos", y éste "merecía una atención prioritaria y urgente, porque tenemos una ley, el Estatuto de Cataluña, que está produciendo efectos en lo jurídico y lo político desde que entró en vigor", por lo cual "debería haberse despejado de aspectos dudosos cuanto antes".

"Si eso no es factible", finalizó el portavoz de la APM, "debería haber salido la presidenta, por razones de transparencia y cortesía, a explicarnos detalladamente al conjunto de los españoles cuáles eran las razones por las que este asunto se estaba demorando más allá de lo razonable".

Al no haberlo, hecho, "las opiniones y las dudas están ahí", y, aunque "no tienen por qué ser ajustadas a la realidad, nadie se ha encargado de desmentirlas o demostrar su falta de fundamentación".