Así lo explicó en la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo, quien mostró su "satisfacción" por la unanimidad del acuerdo y el "compromiso absoluto" de las comunidades por hacer su parte en la reducción del déficit público.

Este límite de déficit para 2011 no incluye la previsión de las liquidaciones de financiación de las comunidades autónomas. Con esta cuantía, el déficit previsto para las comunidades autónomas se sitúa en el 3,3%.

Para 2010, se ha reducido una décima del 2,5% al 2,4% el objetivo de déficit de las comunidades, por lo ha sido necesario revisar los planes de reequilibrio de algunas comunidades autónomas que ya los tenían aprobados desde la reunión del pasado 22 de marzo.

Es el caso de Extremadura, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia, que presentaron en el Consejo sus planes y fuero aprobados. Por su parte, Castilla y León, Asturias y La Rioja no han tenido que cambiarlos.

En la reunión se aprobaron también los planes de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias.

Los gobiernos regionales incorporarán las medidas aprobadas en el Real Decreto Ley de mayo a su objetivo de déficit para 2010 y 2011 y asumirán un recorte adicional de 1.000 millones de euros para este último año.

MÁS ESTRICTOS

Los consejeros de economía acordaron también que se aplicará un criterio más estricto para aprobar nuevas operaciones de endeudamiento a las comunidades autónomas.

En concreto, durante este año sólo se autorizarán operaciones de endeudamiento por un importe máximo del 2,4% del PIB de cada comunidad autónoma, equivalente al objetivo de déficit para el presente ejercicio.

Además, no se autorizará ninguna operación que incremente el nivel de endeudamiento de una comunidad autónoma hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no haya informado favorablemente de su plan de reequilibrio.

Una vez superado este primer filtro, se autorizará un primer tramo de endeudamiento que no podrá superar el 0,75% del PIB regional.