Preguntado por la convocatoria, que probablemente se concretará esta tarde, Granado afirmó que el Gobierno "siempre se ha manifestado respetuoso" respecto a las decisiones que toman las centrales sindicales.

Según explicó, el Ejecutivo ha intentado hacer una propuesta de reforma "equilibrada" que "garantice los derechos de los trabajadores" a la vez que hace posible que "los empresarios no tengan el despido como opción más fácil para resolver los problemas del mercado de trabajo".

El objetivo último es que los empresarios puedan acudir a "otras fórmulas", como reorganizar la empresa, reducir la jornada laboral, descolgarse de subidas salariales inaplicables en las empresas con dificultades y permitir así una mejor salida de la crisis de las empresas con problemas y la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales.

El Gobierno, dijo, cree que "ha logrado una propuesta equilibrada en derechos y obligaciones" y, por lo tanto, espera que "con el período de reflexión que pueda abrirse entre la convocatoria y la realización de la huelga, se vea que es innecesaria y contraproducente para los intereses de la economía española".

Granado insistió en que la reforma se ha hecho de acuerdo con la jurisprudencia y la experiencia en relaciones laborales de los últimos años y es "coincidente con las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y con muchas sentencias de los tribunales superiores de justicia".

En ese sentido, "no plantea problemas de aplicación, porque aclara actuaciones para las que las mismas sentencias demandaban más claridad jurídica" y, por tanto, el Gobierno confía en que la nueva legislación no genere ninguna confusión.

El secretario de Estado puntualizó, además, que las modificaciones contenidas en esta reforma laboral sólo afectarán a los contratos suscritos a partir de la reforma y ningún contrato firmado con anterioridad se verá modificado.