En una misiva dirigida a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de ambas cámaras, las entidades firmantes criticaron el Código Civil y la ley integral contra la violencia de género, y mostraron su "estupor" ante el intento del Gobierno español para extender la Orden de Protección para mujeres maltratadas a toda la UE.

Calificaron como "especialmente grave" el apartado 7 del artículo 92 del Código Civil, que en la modificación relativa a los procesos de separación y divorcio establece un vínculo con la ley de violencia de género por el que "una simple denuncia impide la concesión de la custodia compartida".

A su juicio, "existe una clara inspiración totalitaria en el articulado de esta Ley, una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía", pues vincula el delito al sexo del autor.

Además, prosiguieron, "en España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas,y no se permite el acceso a los varones a las políticas llamadas de género ni a las instituciones que velan por la igualdad de hombres y mujeres", concluye la carta.