En su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Ocaña apuntó que estos fondos estarán “financiados por los empleadores”.

La reforma laboral elaborada por el Ejecutivo incluye la creación de estos fondos que entrarán en funcionamiento el 1 de enero de 2012 y que tendrán una cuantía equivalente a una cifra aún por determinar de días de salario por año trabajado por parte del empleado, que se reducirán de la indemnización que pague el empresario en caso de despido.

En este sentido, Ocaña dejó claro que los costes de despido no se financiarán con fondos públicos. “Esto no puede ser así, no tendría ningún sentido”, aseguró.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, reiteró que “de ninguna manera los recursos públicos van a pagar las indemnizaciones por despido”.

Además, explicó que servirán para cubrir “parte de los costes” del despido, aunque no avanzó qué porcentaje ni qué numero de días serán los que se cubran con estos fondos.

La propuesta de reforma laboral del Ejecutivo incluye que los trabajadores, en caso de despido, puedan optar por capitalizar la totalidad del fondo o sólo una parte. La cuantía restante la podrá recibir en el momento de la jubilación.

Por otro lado, Ocaña admitió que los actuales niveles de desempleo en España “son insostenibles” ya que suponen “una importante carga para las finazas públicas y una amenaza para nuestra economía”.

Por esta razón, subrayó que “no podemos tener a uno de cada cinco trabajadores en paro”, por lo que el objetivo de la reforma es la de “llevar a la creación de empleo”.

Para conseguirlo, el Gobierno propone medidas que buscan “aumentar la flexibilidad y reducir los costes laborales”.

También destacó la necesidad de reducir la dualidad del mercado de trabajo, que está afectando a la productividad laboral, para lo que apuesta por “revisar la política de bonificaciones y mejorar los sistemas de intermediación”, así como reformar el modelo de negociación colectiva para “aumentar la flexibilidad de las empresas”.