En su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Ocaña apuntó que estos fondos estarán “financiados por los empleadores”.

La reforma laboral elaborada por el Ejecutivo incluye la creación de estos fondos, que entrarán en funcionamiento el 1 de enero de 2012 y que tendrán una cuantía equivalente a una cifra aún por determinar de días de salario por año de trabajo, que se reducirán de la indemnización que pague el empresario en caso de despido.

Ocaña dejó claro que los costes de despido no se financiarán con fondos públicos. “Esto no puede ser así, no tendría ningún sentido”, aseguró.