A pesar de esta reforma, que el Cermi pidió que sirviera para adecuarse a la Convención, la legislación penal española sigue manteniendo elementos "claramente contrarios" al tratado internacional, como la admisión de la esterilización no voluntaria de personas con discapacidad.

Según el Cermi, esta modificación del ordenamiento penal "tampoco" ha corregido la anticuada concepción que el Código tiene de determinadas personas con discapacidad, a las que sigue considerando como "incapaces", "ni, en general, ha mejorado la protección penal de los delitos cometidos en razón o con ocasión de la discapacidad de la víctima".

"Esta reforma ha sido una oportunidad perdida para la discapacidad y sitúa a España en estado de incumplimiento de la Convención de la ONU que protege los derechos de estas personas", afirma el Comité.

Para el Cermi, "esta deplorable situación se debe, en buena parte, a la actitud del Ministerio de Justicia y de sus responsables políticos, en cuya agenda política y legislativa no figura la discapacidad".