Así lo expusieron en una mesa redonda celebrada en la sede de la agencia Servimedia en Madrid en la que participaron la portavoz de Grupo Parlamentario Popular, Maribel Sánchez; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nemesio de Lara; la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Virginia Felipe; la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Ahedo, y el portavoz de Ciudadanos, Tomás Marcos.

“Cuando se habla de igualdad no hay excepciones que valgan” manifestó Felipe, que se mostró contraria que más de 100.000 personas con discapacidad hayan visto denegado este derecho a sufragio y se preguntó por qué “si a ningún ciudadano se le somete a un examen para saber qué está votando, a una persona con discapacidad sí se le quiere someter”.

En este sentido, defendió que “para que no haya esos prejuicios hay que empezar por la educación” y por un modelo de escuela inclusivo, de forma que los niños del futuro crecerán viendo la diversidad “de forma natural” y, por lo tanto, “no van a necesitar un plan de accesibilidad” cuando sean arquitectos porque no habrán construido esas “barreras mentales”.

En la misma línea, Marcos remarcó la importancia de “superar ese paternalismo caritativo para ponernos en el foco de los derechos”, porque “nos lo está diciendo Europa”, ya que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados firmantes a asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas.

Por su parte, Ahedo coincidió en la necesidad de abandonar “ese concepto social de paternalismo lleno de buenismo” e incidió en que se debe hacer una “labor de información, formación y sensibilización” a todos los niveles de la sociedad, porque si no “acabaremos en lo mismo”, aunque “cambiemos la Loreg”.

“ATENTADO AL SENTIDO COMÚN”

Sánchez se mostró “muy positiva” a este respecto, porque se sintió “muy satisfecha” cuando todos los diputados de la Cámara Baja votaron favorablemente a tomar en consideración la proposición de ley, porque demuestra que “vamos todos en el mismo barco”.

Por último, De Lara indicó que el hecho de que “100.000 españoles con discapacidad no puedan votar porque otros deciden quién sí y quién no pueden hacerlo, se me antoja como un atentado al sentido común” y contra “la dignidad de un importantísimo número de ciudadanos amparados por la Constitución que declara como inviolable este sacrosanto derecho”.