Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana, Famma exige a las instituciones programas accesibles, para lo cual considera “imprescindible” una coordinación eficaz entre todos los agentes implicados, desde los servicios sociales, como la Administración, pasando por el tejido asociativo.

“La accesibilidad es un condicionante muy negativo para poder denunciar, convirtiéndose en el primer impedimento de consecuencias imprevisibles”, destacó el presidente de Famma, Javier Font, quien detalló que en España hay 1,4 millones de personas que sufren doble discriminación: por ser mujer y por tener una discapacidad.

En el comunicado difundido por la federación se hace hincapié en que existen pocos datos disponibles, aunque los expertos indican que entre un 40% y un 80% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia, ya que la confluencia de factores como el género y la discapacidad convierte a las mujeres con discapacidad en un grupo en grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato.

Entre los factores asociados a su mayor vulnerabilidad se encuentra el miedo a las consecuencias de denunciar actuaciones violentas, ya que, en muchas ocasiones, dependen de sus agresores para su propia supervivencia, además de su precaria salud, la falta de movilidad o la incapacidad de reconocer el abuso.

En este sentido, Famma reclamó medidas efectivas a favor de la incorporación de las mujeres con discapacidad a la actividad laboral para terminar con el rol social que culturalmente se les ha otorgado y dotarlas de mayor independencia.

Por último, denunció que las mujeres con discapacidad presentan resultados de mayor exclusión social en todos los indicadores, e incluso situación de pobreza severa, que se añaden a “otras cuestiones silenciadas” como la esterilización de mujeres con discapacidad, la sobreprotección familiar o la desconfianza en sus capacidades.