En un principio, la entidad había planteado la salida de 1.585 trabajadores de los servicios centrales de los dos bancos, además de recolocaciones en otras filiales del grupo.

Según informó CCOO, el banco asume rebajar la edad de acceso a una prejubilación a los 55 años. Entre esa edad y los 58 años, con 15 años de antigüedad, se cobrará el 65% del salario del convenio; entre 59 y 61 años el porcentaje se eleva al 75%, y para 62 años más se establece la indemnización legal (20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades).

Además, en los tres casos se recoge una prima de voluntariedad de 3.000 euros. En los dos primeros, también se incluye un convenio especial de aportaciones a la Seguridad Social hasta los 63 años.

En lo que se refiere a los trabajadores que no se podrán acoger a una prejubilación, el grupo ofrece una indemnización de 35 días por año trabajado con un máximo de 24 o 28 meses en función de la edad, más primas de antigüedad que oscilan entre los 3.500 y 25.000 euros (la primera para empleados de menos de cinco años y la segunda para los de más de 25) y 500 euros por año de antigüedad.

Los ámbitos afectados por el expediente de regulación de empleo serán en Banco Popular todos los servicios centrales en Madrid y A Coruña, Auditoría, Recuperaciones, Servicios Centralizados y Prevención de Riesgos Laborales.

En Banco Santander están afectados los Servicios Centrales de Madrid (Boadilla, Marpe, Mesena), Recuperaciones y UCR (Unidades de Control de Red) en diversas provincias de toda España.