Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno reafirmó su “total compromiso” con el Estado de Derecho, los derechos humanos y la justicia internacional.

El Ejecutivo subrayó que esta sentencia debe suponer el “punto final” de uno de los episodios “más crueles de aquella guerra” y afirmó que contribuirá, “con el esfuerzo y el compromiso de todos, a una reconciliación definitiva en Bosnia y Herzegovina y a la estabilidad en la región de los Balcanes Occidentales mediante una cooperación regional reforzada que favorezca la prosperidad de sus pueblos”.

A juicio del Gobierno, esta sentencia representa un “importante paso” del TPIY y de la justicia internacional contra la “impunidad” y en la “persecución de los crímenes atroces allá donde se produzcan”.