Los representantes mostraron su solidaridad con las empresas, comercios y autónomos de Cataluña y aseguraron que quieren trabajar “por la plena recuperación de la normalidad cívica y social”, por lo que “rechazamos cualquier tipo de represalia comercial que se aleje de las normales prácticas empresariales”.

Además aprobaron una declaración institucional donde señalaron que la inestabilidad y falta de seguridad jurídica ha obligado el cambio de sede social de más de 2.600 empresas “que no querían irse de Cataluña”.

“Esta drástica decisión de las empresas supone un impacto muy negativo para la economía y el bienestar de Cataluña. Y, por supuesto, lo que es malo para Cataluña es malo para toda España”, reiteraron.

Por ello, remarcaron que “la vuelta a la senda constitucional y estatutaria ha sentado las bases para recuperar la estabilidad y la seguridad jurídica imprescindibles para que las empresas puedan seguir desarrollando su actividad”.

Además, demandaron que “es urgente volver cuanto antes a la normalidad, consolidarla y devolver la confianza a las empresas y los inversores para que puedan seguir trabajando como siempre lo han hecho en Cataluña”.

En este sentido, comentaron que Cataluña, como el resto de las comunidades, es una parte fundamental del engranaje político, económico y social de España y “debe seguir siéndolo”. “Nos unen estrechos lazos históricos, culturales, sociales, económicos y personales que no se pueden soslayar, y los españoles, quieren una Cataluña española, europea y abierta al mundo”, comentaron. Por último, se comprometieron a hacer “los mayores esfuerzos” para recuperar la normalidad, la convivencia y la concordia.