Así lo dijo esta tarde el ministro en el Pleno de la Cámara Alta, donde fue preguntado al respecto por la senadora de Podemos Mercé Vilà y el de ERC Xavier Castellana.

Zoido explicó que no podía revelar el coste del despliegue policial en Cataluña por motivos de seguridad y “eficacia”, algo que ha llevado a que sobre el mismo se aplique el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 1986, que permite clasificar determinados asuntos con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.

Este acuerdo, tomado por el Ejecutivo de Felipe González, afecta a los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores y permite considerar materia reservada, entre otros aspectos, “los destinos de personal de carácter especial” y los “planes de seguridad”. Esto es lo que se ha hecho con el envío de policías nacionales y guardias civiles a Cataluña para hacer frente al desafío independentista.

A este respecto, el titular de Interior explicó que, amparándose en este acuerdo del Gobierno de 1986, no podía dar todavía información de lo gastado en el “plan extraordinario” de seguridad en Cataluña, aunque dará “cumplida explicación” del mismo cuando sea posible.

“BROMA PESADA”

Además, Zoido reprochó a la senadora de Podemos y al de ERC que preguntasen por el coste del despliegue policial y no por el económico y social que el independentismo está teniendo para Cataluña, como el que representa la huida de empresas o que la Agencia Europea del Medicamento no se vaya a instalar en Barcelona.

Añadió que la situación actual en Cataluña también está teniendo un coste “social” para los policías nacionales y los guardias civiles, que se han visto “insultados” y “acosados” por independentistas, a lo que se suma el tiempo que llevan lejos de sus familias.

Sin embargo, la senadora Vila dijo que era una “broma pesada” que el ministro dijera que el coste del dispositivo policial es secreto por el momento, cuando, a su juicio, darlo a conocer no pone “en riesgo” a nadie, sino quizás solamente el cargo del ministro.

A su vez, Castellana se preguntó si el asunto del coste del despliegue es reservado debería haber pasado por la Comisión de Secretos Oficiales, al tiempo que se preguntó si el Gobierno no informa de esta cuestión “para esconder la vergüenza de la violencia policial del 1 de octubre”, día del referéndum ilegal.