Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta en respuesta una pregunta del senador de ERC Josep Rufà Gràcia sobre los motivos por los que el Ejecutivo quiso impedir la misión comercial del Port de Barcelona a América Latina.

Dastis negó esta acusación y dejó claro que el Gobierno trabaja para promover la acción comercial de las empresas catalanas, barcelonesas y españolas. Esta labor se realiza, dijo el ministro, a pesar de que “otros no lo ponen fácil desprestigiando el nombre de Barcelona en el mundo”.

En cuanto a la misión del Port de Barcelona en América Latina, explicó que el Gobierno trabajó para asegurarse de que se respetaba el reparto de competencias, los procedimientos establecidos para estos casos y la lealtad institucional. “Una vez se comprobó, la misión siguió adelante y cumplió sus objetivos”, dijo.

El ministro destacó que “no se hizo nada que no se ajustara al respeto de la ley y de los procedimientos” y expuso que el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat cesado, Josep Rull –hoy en prisión- contactó con el ministro argentino de Transportes sin conocimiento de Exteriores.

Esta comunicación de Rull motivó que las autoridades argentinas se pusieran en contacto con el Gobierno español, que de inmediato puso a trabajar a la Embajada en Buenos Aires. Finalmente, se descubrió que la Generalitat pretendía firmar un memorándum “sin conocimiento” de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento.

Esto le permitió remachar su intervención dejando claro que “dentro del Estado de Derecho se puede hacer de todo; fuera de él sólo hay una vía muerta”.

Por su parte, Rufà acusó a Dastis de utilizar subterfugios para ocultar que el Gobierno “intentó abortar” la misión del Port de Barcelona a Argentina y Uruguay y le espetó que con Rull en prisión “se acabó el problema”, aun a costa de “perjudicar las relaciones comerciales” de este organismo de la Ciudad Condal.

Por último, elevó el tono para acusar al Gobierno de practicar una “represión injustificada” obviando el “daño a la economía y el ridículo internacional” que causan este tipo de decisiones.