El Grupo Socialista considera que “los inmigrantes llegados en patera no son delincuentes, son personas que huyen de la miseria y de las guerras y no merecen ser recluidos en un centro penitenciario”.

En un comunicado, el PSOE señala que “tanto las diferentes leyes de extranjería como el reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros, aprobado en 2014 por el PP, apuntan que, ‘con carácter preventivo o cautelar, el ingreso preventivo en centros no tendrá carácter penitenciario"’.

En concreto, el artículo 26.2 de Ley de Extranjería dice que los extranjeros internados en ellos "estarán privados únicamente del derecho ambulatorio".

Por otro lado, el PSOE recuerda que la sentencia 115/1987, de 7 de julio del Tribunal Constitucional (TC), que estima en parte el recurso interpuesto en su día por el Defensor del Pueblo, establece, entre otras consideraciones, que “la medida de internamiento tiene un carácter excepcional, de modo que no es la sustanciación del expediente de expulsión, sino que serán las propias circunstancias del caso, por razones de seguridad, orden público, entre otras, las que han de justificar el mantenimiento de esa pérdida de libertad, siendo el juez, guardián natural de la libertad individual, el que debe controlar esas razones”.

Así, recuerdan que dicha sentencia del TC dice que este tipo de internamientos “ha de tener lugar en centros que no tengan carácter penitenciario y constituye una garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio de los centros penitenciarios”.

El PSOE destaca que aunque los responsables del Ministerio del Interior “se han esforzado” en nota de prensa por mostrar la cárcel de Archidona como un "centro sin el adjetivo penitenciario, e incluso, han hablado de 1.008 habitaciones en lugar de celdas, sin embargo, este edificio tiene oficialmente la consideración de centro penitenciario desde el 18 de marzo”, según una orden ministerial. En consecuencia, los diputados socialistas consideran por tanto, “ilegal y una auténtica barbaridad” esta medida adoptada por el gobierno que además, “vulnera derechos fundamentales”.